El resultado del tercer peritaje sobre el caso Iguala no tiene desperdicio
Álvarez Icaza podría haber causado un enorme daño de credibilidad
El viernes pasado, luego de 3 meses de pruebas y análisis, de estudiar y discutir los antecedentes del caso, 6 reconocidos expertos internacionales concluyeron que al menos 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Y anunciaron que en los siguientes meses realizarán otras pruebas científicas para determinar si ese fuego consumió también al resto de los estudiantes, como se afirma en el expediente inicial de la PGR con base en testimonios, confesiones y declaraciones de alrededor de más de 100 implicados hoy detenidos en cárceles mexicanas.
El informe fue no sólo un balde de agua helada para los padres de los jóvenes, quienes desde el 26 de septiembre de 2014 en que ocurrió la aprehensión de los 43 por policías municipales de Iguala se aferran a la idea de que sus hijos están con vida.
Fue también un baño de agua súper helada para quienes evidentemente han usado el caso y a los padres para medrar con ellos. Pero para quienes fue más que un baño de agua gélida fue para el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El GIEI se había convertido, hasta el viernes pasado, en el peor de los escollos en la búsqueda de la verdad respecto al caso Ayotzinapa.
Invitado y pagado millonariamente en dólares por el gobierno mexicano para coadyuvar en las investigaciones de la PGR respecto del destino de los 43, el grupo integrado por Carlos Martín Beristaín, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa apenas llegó a México se dedicó a minar y anular todo lo establecido en el expediente de la PGR.
Una investigación judicial considerada por penalistas, instituciones forenses y expertos nacionales e internacionales como una de las más completas, serias y profesionales nunca antes realizada.
Pronto se sabría que el GIEI estaría saboteando el caso. Así lo señalaron no pocos y fundamentaron su denuncia en dos hechos:
– Que los 5 del GIEI eran dependientes del mexicano Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
– Que sin mayores pruebas, sólo con base en presunciones, echaron abajo trabajos como el del primer grupo de determinó que en el basurero de Cocula se había incinerado a los 43 normalistas.
– En ese primer grupo había expertos internacionales y de la UNAM e IPN.
– El GIEI tomó el dicho del experto peruano José Torero, quien confesó haber estado en ese basurero apenas 20 minutos, para concluir que ahí no había ocurrido tal cosa.
A partir de ese momento el GIEI desechó toda la investigación de la PGR que ya para entonces había derivado en la captura de más de 100 implicados en el caso, entre ellos el alcalde de Iguala José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda y de los principales jefes del cartel regional Guerreros Unidos; los policías municipales que participaron en la detención de los 43 normalistas y los sicarios que confesaron haber ejecutado e incinerado a los jóvenes para luego esparcirlos sobre el río Cocula.
Al parecer la explicación sobre la actuación de los 5 del GIEI tiene su origen en el rencor de Álvarez Icaza, quien entre amigos y conocidos ha expresado su resentimiento contra el presidente Enrique Peña Nieto por no haberlo nominado para ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Él ha respondido que nada de esto es cierto. Pero la sesgadísima, irracional y por demás evidente actuación de los 5 del GIEI contra la investigación de la PGR, lo confirman.
¿CUÁL ES LA CONCLUSIÓN?
Luego de todos los señalamientos del GIEI en contra de la PGR (que eran en realidad contra el gobierno de Enrique Peña Nieto), se propuso, y a los del GIEI no les quedó de otra, integrar un nuevo equipo de expertos para realizar un tercer y último peritaje en el basurero de Cocula.
El tema de si habían sido o no incinerados ahí los normalistas se había convertido prácticamente en el centro del todo lo referente al caso Iguala.
Si los expertos determinaban que no los habían incinerado ahí —como afirmaba el GIEI con base en el peritaje del peruano José Torero-, entonces todo el expediente y la investigación de la PGR iba a ir a dar definitivamente a la basura. Se confirmaría así la desconfianza creada entre millones de mexicanos hacia la PGR y el gobierno.
Si decían que sí (como ocurrió el viernes), entonces se recuperaba de alguna forma el caso para la PGR.
De ahí que el informe dado a conocer el viernes sea esencial para recuperar y validar el caso de la PGR sobre Ayotzinapa.
INFORME
Así el viernes pasado se abrieron los resultados del tercer peritaje en presencia de Eber Omar Betanzos, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; de Carlos Martín Beristáin, del GIEI; de Omar Gómez, Secretario Técnico del GIEI, y del doctor Ricardo Damián Torres, representante del panel colegiado de expertos.
Este panel lo integran 6 prestigiados expertos: John DeeHaan, Frederick Mowrer, James Quintiere, Ricardo Torres, José Torero y Mario Saldaña.
Su peritaje lo realizaron a partir del 25 de enero.
El doctor Ricardo Damián Torres fue comisionado por el panel para leer el informe. En su intervención dijo:
’Buenas tardes, el día de ayer en las instalaciones de la Procuraduría General de la República el grupo colegiado de expertos en fuego, entrego al subprocurador de derechos humanos Eber Betanzos, un sobre cerrado que quedó en su custodia, con los primeros resultados de los expertos del tercer análisis del fuego, que fue solicitado a los a los participantes de este grupo, por parte de la Procuraduría General de la República y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
’Como representante del grupo colegiado, me permito compartirles las siguientes conclusiones:
Uno: derivado de los siguientes análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente para afirmar que si existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado ’basurero de cocula.
Dos: la recolección de restos óseos corrobora evidencias suficientes y coinciden entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos, adultos fueron quemados en el lugar.
Tres: podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos, sin embargo solamente con una prueba a gran escala, podrá confirmarse esta posibilidad.
El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de colaborar científicamente, si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos, resultados de esas pruebas serán dadas a conocer en su momento.
Sin poder desmentir que sí hubo incineración de cuerpos en el basurero de Cocula, los del GIEI intentaron desvirtuar el informe al acusar a la PGR (no a los 6 expertos en fuego que fueron quienes dieron el informe), de haber roto el acuerdo de confidencialidad.
Esto fue a su vez rechazado por la PGR que indicó que durante los meses que duró la realización del peritaje, nadie salió a hablar del caso.
Lo evidente es que a los del GIEI se les acabó su pretexto para continuar en México cobrando en dólares.
A los manipuladores de los padres de los 43 no les queda mucho margen para continuar medrando con el caso.
A los padres les debiera ya dar la certeza de que sus hijos no regresarán.
Y al gobierno le deja la lección de que no hay asunto pequeño.
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