Alarmados por la enorme cancelación de créditos fiscales ocurrida en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo monto total alcanzó los 380 mil millones de pesos que el fisco dejó de cobrar, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) toda la información sobre la recaudación del ejercicio fiscal 2019, a fin de auditar todas las operaciones y determinar cuáles corresponden a actos ilícitos y de corrupción por parte de servidores públicos en colusión con empresarios, abogados y empresas.
A principios de febrero correspondió al titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Omar González Vera, entrar en contacto con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, para informarle la decisión de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, de intervenir en la supervisión y control de la recaudación fiscal, pues hay la presunción de que una enorme red de corrupción viene operando en el SAT desde los gobiernos priístas y panistas, con el objetivo de cancelar créditos fiscales a grandes contribuyentes a cambio de cuantiosos sobornos a funcionarios de niveles jerárquico e intermedio de ese órgano de recaudación.
También hay interés en investigar si esa cancelación de créditos fiscales por cientos de miles de millones de pesos fue aprovechada por los mandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así como por el priísta Enrique Peña Nieto, quienes pueden estar involucrados en recibir cuantiosos recursos producto del chantaje y corrupción entre grandes contribuyentes y la Presidencia de la República en por lo menos los últimos tres sexenios.
Por lo pronto, en la SFP están en espera de toda la información del ejercicio 2019 para, con un amplio equipo de expertos auditores, tratar de entender –mediante la revisión de normas y procedimientos internos del SAT– bajo que leyes y reglamentos se autorizaron dichas cancelaciones multimillonarias a empresarios en lo particular y a grandes corporativos, pues de lo contrario exfuncionarios de Hacienda y del SAT, que incluirían a exsecretarios de Estado y posiblemente hasta expresidentes de la República, estarían involucrados en una red de corrupción y chantaje para enriquecerse de manera ilícita.
Sólo como antecedente, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto la cancelación de créditos fiscales alcanzó los 700 mil millones de pesos, por lo que en el primero año de gobierno de López Obrador, cuando al frente del SAT estaba la ahora ministra Margarita Ríos-Farjat, se logró reducir esa cifra de evasión mediante cancelación de créditos en un 50 por ciento, al pasar a 380 mil millones; sin embargo, el monto que dejó de recaudar la Secretaría de Hacienda sigue siendo tan alto que el presidente López Obrador ha ordenado una investigación a fondo y se pretende que para 2020 no haya una sola cancelación más, pues según los especialistas auditores no se pueden cancelar operaciones mayores a los 5 mil pesos, lo que hace entonces suponer que servidores públicos han cometido graves ilícitos que deben ser procesados penalmente.
Un segundo propósito en la nueva coordinación entre el SAT y la SFP –para auditar todas las operaciones presuntamente irregulares– es recuperar lo que no se cobró de impuestos a grandes contribuyentes durante los últimos 5 años, pues como lo mencionamos en una columna anterior, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación señala que los adeudos fiscales se extinguen por prescripción después de ese periodo, aunque se precisa que ’dicho término se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el conocimiento expreso o tácito de este respecto de la extinción de crédito’.
Sobre el tema se buscó la opinión de la Secretaría de la Función Pública a través de su director general de Comunicación Social, Raymundo Alva Huitrón, pero no hubo respuesta.
De acuerdo con información contable correspondiente al registro de operaciones que resultan atípicas por la alteración de la naturaleza que debe de observar el registro según la Ley de Ingresos, el SAT descubrió que en la relación de contribuyentes a los cuales se les hizo reducciones de multas por importes mayores a 900 mil pesos (clave 950246, reducción de multas por contribuyente), la cifra total ascendió 4 mil 850 millones 495 mil 129 pesos.
En el listado de contribuyentes que tuvieron reducciones millonarias en créditos fiscales en la Ciudad de México, aparecen sólo dos deudores con condonaciones por 5 mil 731 millones 316 mil 298 pesos.
Otra observación grave es la condonación de multas, que no de impuestos, por un monto de 2 mil 115 millones 412 mil 440 pesos.
Como hemos señalado en esta columna, la corrupción por cancelación de créditos fiscales y perdón de multas se da en todo el país, como por ejemplo el estado de Quintana Roo, en donde el 28 de febrero de 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, a un solo contribuyente le cancelaron 72 operaciones de créditos fiscales por 3 millones 957 mil 532 pesos.
Otro registro que llama la atención ocurrió en Coahuila, en donde se utilizó la cuenta 950084 para condonar multas y recargos en el ejercicio 2018 por 19 millones 914 mil 25 pesos.
En el registro de ’control de cuentas de orden’ se presentaron montos muy importantes que se dieron de baja sin razón alguna, bajo el rubro de ’cancelación de créditos fiscales por insolvencia (860015) (960020)’, es decir que el fisco nunca cobró en 2018 por un monto total de 730 mil millones de pesos. De ese total 213 mil correspondieron a la Ciudad de México; 89.4 mil millones a Jalisco; 61.8 mil millones a Nuevo León; 20.8 mil millones a Tabasco, la tierra del presidente de la República, y 10.3 mil millones a Veracruz. Miguel Badillo | CONTRALÍNEA
